Estados Unidos debate cortar fondos públicos para experimentar con perros y gatos

Washington puso sobre la mesa una de las propuestas más ambiciosas de los últimos años para cambiar la relación entre la ciencia financiada por el Estado y los animales de compañía. El 23 de septiembre, los congresistas Nick Langworthy, republicano por Nueva York, y Mark Pocan, demócrata por Wisconsin, presentaron la Companion Animal Protection Against Cruel Testing Act, conocida como ley COMPACT.

El proyecto no regula la investigación privada con fondos propios. Se concentra en el dinero de los contribuyentes que se canaliza a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos y sus subagencias, incluidos los Institutos Nacionales de Salud. La idea central es simple. Ningún fondo federal de investigación en salud pública podría usarse para investigación biomédica con perros y gatos vivos.

Qué propone la ley COMPACT

Según el comunicado oficial de Pocan, la propuesta prohíbe el uso de esos fondos mediante subvenciones, contratos, acuerdos de cooperación, becas de formación y otros mecanismos federales. El alcance incluye tanto la investigación directa como los programas de entrenamiento y pruebas biológicas que utilicen perros y gatos vivos.

El segundo pilar es el destino de los animales que ya están en laboratorios. El texto prevé protegerlos y darles una oportunidad de vida fuera de las instalaciones, con programas de reubicación y adopción en lugar de la eutanasia cuando sea posible. Las organizaciones que apoyan la ley señalan que, en la actualidad, muchos animales sanos son sacrificados después de los estudios porque la ley federal no garantiza su adopción.

El tercer eje es la supervisión. La iniciativa ordena mayor transparencia con un informe anual del Departamento de Salud, una revisión de la Oficina de Rendición de Cuentas tres años después de su entrada en vigor y herramientas de cumplimiento para investigar posibles violaciones. También contempla normas de transición para que universidades y centros ajusten sus protocolos hacia métodos modernos sin animales, como sistemas in vitro, organoides y modelos computacionales.

Los patrocinadores sostienen que el proyecto se elaboró con aportes de la comunidad médica y científica, y que mantiene flexibilidad para emergencias nacionales genuinas. El comunicado oficial la describe como la legislación más amplia presentada hasta ahora para modernizar la investigación biomédica federal que usa perros y gatos.

En qué punto está y por qué ahora

La ley COMPACT fue anunciada en una conferencia de prensa en Washington acompañada por beagles rescatados de Ridglan Farms, en Wisconsin, un criadero cuya clausura y denuncias por maltrato tuvieron amplia cobertura nacional. Ambos congresistas vincularon directamente el proyecto con ese caso y con las denuncias sobre Marshall BioResources en Nueva York.

Lo que ocurrió en Ridglan Farms fue una llamada de atención para nuestra comunidad y para el país, dijo Pocan. Vimos miles de beagles confinados en condiciones inhumanas y criados para investigación, y vimos lo que fue posible cuando la gente se unió para exigir cambios. Langworthy, por su parte, afirmó que el maltrato descubierto en esas instalaciones indignó a ciudadanos de todo el espectro político.

A dos semanas de su presentación, el proyecto sumaba 12 copatrocinios bipartidistas, según el recuento publicado por Species Unite el 8 de octubre. Todavía se encuentra en etapa inicial en la Cámara de Representantes y deberá pasar por comités, debates y votaciones antes de llegar al Senado. Sus impulsores no han anunciado fecha de votación, por lo que su futuro dependerá de la presión pública y de las negociaciones en el Congreso.

Quiénes la apoyan y qué objeciones genera

La lista de respaldos incluye a Animal Wellness Action, White Coat Waste Project, Physicians Committee for Responsible Medicine, Humane World for Animals, Beagle Freedom Project, PETA, Save the Dogs y Animal Legal Defense Fund. Esas organizaciones argumentan que los perros y gatos son familia para millones de hogares y que los fondos públicos deberían dirigirse a ciencia con mejor potencial de trasladarse a la salud humana.

El Fondo de Defensa Legal Animal calcula que más de 42.000 perros y 12.000 gatos permanecen confinados en laboratorios de Estados Unidos, muchos sostenidos con impuestos. El activista Wayne Hsiung, citado en los materiales oficiales, estima en 40 millones de dólares al año el gasto público en experimentos con perros. Para sus defensores, la ciencia ya ofrece alternativas predictivas que hacen innecesario seguir financiando estos ensayos.

Del otro lado, sectores vinculados a la investigación biomédica suelen responder que los perros y gatos todavía cumplen un papel acotado pero relevante en estudios de corazón, sistema nervioso y seguridad de fármacos, y que una prohibición total podría frenar avances o trasladar los ensayos a otros países con menos controles. Esa tensión entre bienestar animal y libertad científica será el centro del debate en los comités. Por ahora, el mensaje bipartidista es que proteger a perros y gatos y mejorar la ciencia pueden ir de la mano. Si tienes dudas sobre cuidado, adopción de animales rescatados o investigación con animales, consúltalo con tu veterinario.